Uso de imágenes satelitales para la protección de la biodiversidad
Argentina es uno de los 196 países que adhirió al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un instrumento internacional para la conservación de la diversidad ecosistémica, de especies y genética, cuyo objetivo principal es promover medidas que conduzcan a toda la sociedad a un futuro sostenible.
La adhesión al CDB en el año 1994, junto a la creación de otros instrumentos como los administrados por el Sistema Federal de Áreas Protegidas (creado en el año 2003), busca promover y proponer políticas interprovinciales, nacionales e internacionales para conservar la biodiversidad, incorporando estas políticas al desarrollo local y regional.
En este sentido, el uso de datos espaciales (datos que proveen información geográfica sobre la Tierra y sus características, desde sensores remotos) ha revolucionado la forma en que comprendemos y gestionamos los ecosistemas. Sin embargo, en numerosas ocasiones el análisis de dichos datos ha significado un obstáculo en lugar de una ventaja, debido a que los organismos públicos suelen carecer del conocimiento necesario para procesar los datos, analizar los mapas y aplicar los resultados a políticas eficaces. En adición, suelen ser datos sectorizados, muy pesados, disponibles para analizarse únicamente con ciertos softwares, de baja resolución espacial y/o no actualizados temporalmente.
En Argentina hemos creado numerosas áreas protegidas provinciales, nacionales, sitios Ramsar, monumentos naturales y reservas varias, pero sólo el 8% de nuestro territorio está protegido (es decir, clasificado como área protegida según la UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y, hasta hace algunos años, no sabíamos qué hacer ni cómo aprovechar la información que nos brindaban los satélites.
En la actualidad el acceso a distintas capas de información geográfica se encuentra disponible de forma gratuita gracias a Naciones Unidas en el “UN Biodiversity Lab”, para cualquier persona y sin necesidad de trabajar con datos “crudos” de diferentes sensores que requieran procesamiento. Esto significa que los gobiernos ahora pueden acceder a la información que brindan estos mapas, sin mayores esfuerzos o conocimientos e incorporarlos a las políticas públicas para conservar nuestra biodiversidad. Por ejemplo, pueden obtener información que permita identificar dónde la naturaleza se está recuperando, dónde está bajo la presión de la huella humana, cuáles son las zonas con mayor riqueza de biodiversidad, medir la fragmentación del hábitat y dónde es necesario situar una nueva área protegida o centrar los esfuerzos de restauración ecológica.
A continuación, veremos dos ejemplos de cómo los datos espaciales pueden ayudar a los gobiernos a tomar decisiones basadas en evidencia. Todos los mapas fueron realizados con las capas disponibles en la web de UN Biodiversity Lab.
Por un lado, se observa la imagen de satélite del mar argentino patagónico, frente a las costas de Península Valdés. Podemos visualizar que para muchas de las “áreas claves para la biodiversidad” denotadas en color turquesa, se ha creado un área protegida (en color morado-violeta), dándole respuesta a una importante necesidad de salvaguardar esa riqueza biológica.
Pero también se observa que en los límites de nuestra zona económica exclusiva existen áreas clave para la biodiversidad no protegidas, que son tristemente conocidas por la sobreexplotación de calamar illex, por parte de pesqueros extranjeros: las llamadas “ciudades flotantes” que han sido noticia en los últimos años. Estas áreas requieren protección urgente, dentro y fuera de los límites de la zona económica argentina.
Las áreas claves para la biodiversidad son sitios que cumplen con uno o más criterios de un estándar global dentro de las siguientes categorías: biodiversidad amenazada, biodiversidad geográficamente restringida, integridad ecológica, procesos biológicos y biodiversidad irremplazable.
En el segundo ejemplo, vemos diversos mapas y un análisis sencillo de la situación de los humedales en el Delta del Río Paraná.
En la imagen 2 podemos observar con claridad que la creación de áreas protegidas ayuda a preservar los humedales en relación con el uso del suelo y que los terrenos destinados a cultivos han modificado ampliamente la cobertura original circundante. Sin embargo, como se observa en la imagen 3, las áreas protegidas han fracasado en su objetivo de preservar los humedales frente a los incendios.
Se tomó como ejemplo el año 2020. Según el Informe de superficies afectadas por incendios en el Delta e Islas del Río Paraná (desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación), únicamente en el período de enero a septiembre de 2020 se quemaron casi 329.000 hectáreas en el delta, de las cuales 173.816 hectáreas (más de la mitad) fueron en Áreas Naturales Protegidas (85% en la Reserva de Usos Múltiples de Victoria y 14% en el Sitio Ramsar Delta del Paraná).
La información brindada por el gobierno se puede complementar con un dato claramente visible en la imagen 3: los focos se concentraron prácticamente en la zona del delta, dentro y fuera de las áreas protegidas, pero sin afectar terrenos circundantes. Cabe aclarar que la capa de incendios no se encuentra recortada al delta, sino que muestra todos los focos de la región para ese año. Es clara la sectorización del fuego en el mapa.
La tecnología accesible y práctica para visualizar mapas y datos de cualquier lugar del mundo, les brinda a los gobiernos la posibilidad (y la obligación) de generar y organizar la información ambiental para la toma de decisiones. Del mismo modo, los ciudadanos “de a pie” tenemos frente a nuestros ojos el mapa terriblemente claro de la situación de nuestros ecosistemas.
Ahora que disponemos de dicha información y recordando a Jorge Wagensberg: “Crítica sin conocimiento es menos grave que al revés”, la pregunta más importante será entonces, ¿qué haremos ahora que lo sabemos?
* Lic. Marina González Del Bo, graduada Universidad Blas Pascal ([email protected])