Comenzar este artículo exponiendo las hectáreas afectadas por el fuego en los últimos años en nuestro país, resulta quizá en un sin sentido si se observa la manera en la que se continúan implementando las políticas públicas a nivel provincial y nacional. Mirando de forma sesgada la necesidad “urgente” de progresar, se imponen actividades económicas y negociados a espaldas de innumerables conflictos territoriales, incluso ignorando problemáticas ambientales fácilmente visibles y de múltiples consecuencias irremediables como la de los incendios forestales.

El fuego -iniciado mayormente de manera intencional- durante el año 2020 y 2021 arrasó con miles y miles de hectáreas en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones y Corrientes (se nombran las más afectadas en superficie alcanzada). Bosques nativos, humedales, pastizales naturales, cuencas hidrográficas, fauna, viviendas, patrimonio cultural, identidad, trabajo, son algunos de los bienes territoriales directamente dañados por el fuego en cada una de las provincias argentinas. Y apenas comenzando el 2022, ya se registran en Corrientes más de 800.000 hectáreas quemadas, entre ellas 22.500 hectáreas de bosque nativo, 163.000 hectáreas de pastizales naturales y 178.000 hectáreas de esteros y humedales.

Las grandes áreas que ocupan las cicatrices del fuego en cada provincia año tras año, dan cuenta del daño sistemático sobre los bienes comunes que constituyen zonas de alto valor para la VIDA en los territorios. En la actualidad varios son los autores que dan cuenta de que el fuego se presenta como una herramienta de desmonte y vaciamiento a favor del cambio de uso del suelo, resaltando su estrecho vínculo con las estrategias de apropiación de recursos y la ausencia de una gestión gubernamental que asegure la protección de los ambientes naturales. Sobre estas cicatrices del fuego avanzan la actividad ganadera-agrícola intensiva, la minería, el negociado inmobiliario y las redes viales (por mencionar algunas). Resulta inaceptable continuar en esta dinámica, es necesario revisar las políticas públicas de manera urgente, sumando la participación de las comunidades para fortalecer el registro y la comprensión de los territorios y la evaluación de los aspectos ecosistémicos de cada ambiente a través de diagnósticos participativos e integrales. Luego de un incendio forestal, se deben destinar recursos nacionales a la restauración de las zonas afectadas y al monitoreo de las superficies quemadas, para evitar procesos de fragmentación y despojo y acompañar la recuperación social y ambiental de las comunidades vulneradas.

El escenario actual requiere repensar los mitos y los sacrificios asociados a la supuesta necesidad de crecer económicamente, avanzar en el entendimiento de los impactos ambientales acumulativos de las actividades que surgen de las propuestas económicas gubernamentales, y de los impactos sociales/culturales de modelos de desarrollo pensados globalmente e implementados localmente.

El modelo de progreso apoyado y medido únicamente sobre la base del crecimiento económico debe ser descartado, junto a aquellas políticas públicas que no consideren otros modos de habitar los territorios, la situación actual de nuestros entornos naturales, la preservación de la vida en todas sus formas, la defensa de los derechos humanos y el resguardo de los bienes comunes. Continuar interviniendo los territorios de manera dicotómica ignorando los recurrentes problemas sociales-ambientales, resulta en una gran y creciente violencia simbólica al bienestar y a la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. 

* Mgter. Lucía Movsesian - Mgter. En Manejo de Vida Silvestre por la UNC y Licenciada en Gestión Ambiental por la UBP