Los empleos verdes locales son aquellos que preservan el medioambiente, a través de modelos de producción sostenible, al mismo tiempo que fortalecen las economías locales y regionales, y generan trabajo decente e inclusión social. En particular, aumentan la eficiencia en el uso de la energía, el agua y las materias primas, reduciendo, así, las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos y protegiendo además, los ecosistemas. De esta forma, se vinculan directamente con las estrategias y políticas para descarbonizar la economía y alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

Cabe destacar que las ciudades son, por un lado, las principales consumidoras de energía y emisoras de gases de efecto invernadero y, por el otro, su concentración de población, actividad económica e infraestructura ofrece oportunidades únicas para disminuir la vulnerabilidad de la población, fomentar el crecimiento económico y alcanzar la carbono neutralidad.

En este sentido, los gobiernos locales son las autoridades más cercanas a la comunidad, es decir, quienes mejor conocen las oportunidades y desafíos del territorio. Además, ellos tienen la capacidad de formular políticas, crear incentivos y establecer marcos regulatorios que generen un entorno propicio para la transición hacia una economía verde, dado que pueden jugar múltiples roles, desde promotores de alianzas, proveedores de servicios y participantes del mercado, hasta reguladores, facilitadores e inversores.

El cambio climático amenaza tanto a los ecosistemas, como a la prosperidad económica, al trabajo decente y a los esfuerzos por reducir la desigualdad, en particular en países en desarrollo.

En este sentido, afecta particularmente al mercado de trabajo, a través de efectos directos, por aumentos en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, que repercuten en las condiciones laborales y en la productividad. Dado que los sectores más afectados serán aquellos más vulnerables, los trabajadores más susceptibles a perder sus empleos son los más pobres, informales, estacionales, los que se desempeñan en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y los que dependan de recursos naturales.

Así, el involucramiento del sector privado es clave en la transición hacia economías sustentables, al ser éste fuente de innovación, financiamiento y conocimientos técnicos. En Argentina, en 2019, el 99% de los empleadores correspondía PyMEs, representando el 65% del total de empleos privados formales (Télam, 2019). Las MiPyMEs son también una importante fuente de empleo femenino y de propiedad de empresas en la región, y es más probable, en comparación con las grandes empresas, que tengan una mujer como gerente general.

Cerca del 33% de los empleados fijos a tiempo completo en las MiPyMEs de América Latina y el Caribe son mujeres, en comparación con el 26% en las grandes empresas. Además, el 20% tiene mujeres en la dirección, mientras que en las grandes empresas este valor es del 10% (OIT, 2020). Por lo tanto, las MiPyMEs son, a menudo, un punto de entrada al mercado laboral formal para las mujeres y pueden ayudarlas en su empoderamiento.

Por otro lado, representan uno de los sectores más susceptibles a los efectos del cambio climático, al no poseer el nivel de capacidad de adaptación y resiliencia de las grandes empresas, y han sufrido los impactos de la crisis económica relacionada a la pandemia.

Así es que los empleos verdes son cruciales para alcanzar un desarrollo sostenible y una transición justa, dado que, en primer lugar, permiten adaptar los empleos frente a los impactos del cambio climático en el mercado del trabajo, favoreciendo tanto la inclusión y empoderamiento de los grupos vulnerables, como el trabajo decente. En segundo lugar, ayudan a preservar el ambiente, al generar patrones de consumo y producción sostenibles y contribuir en la mitigación del cambio climático. Por último, fomentan economías verdes competitivas.

Por otro lado, el proyecto se enmarca en un contexto donde no sólo es necesario enfrentar la emergencia climática, sino también repensar la recuperación post Covid-19. En Argentina, ya afectada por grandes desafíos socioeconómicos, se prevé que la crisis generada por la pandemia lleve a una mayor contracción económica, con pérdida de empleo, aumento de la pobreza y nuevos retos para el desarrollo sostenible. Según la OCDE, la economía argentina caería un 8,2% en 2020 si la pandemia se controla, y hasta un 10% si se registra un segundo brote, el que se está transitando por estos meses.

La OIT indica que se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos en el país en 2020, lo cual se sobrepone a una tasa ya existente del 9,7% de desempleo y del 35% de empleo no registrado para fines de 2019. También destaca que la pobreza puede aumentar del 35,6% al 40,2%, la indigencia subir del 7,7% a 10,8%, y la desigualdad pasar del 23% al 32,5%. Esto aumentará la brecha en el acceso a derechos económicos y sociales básicos, profundizando la vulnerabilidad de los sectores menos protegidos. Atención especial debe darse a las mujeres por su doble rol de trabajadoras y cuidadoras, quienes, además, tienen más probabilidades de tener trabajo informal y mal pago.

En este sentido, una transición justa hacia economías más verdes puede moderar los efectos económicos y sociales adversos de esta crisis mundial, y, al mismo tiempo, crear empleos, abordar la desigualdad e impulsar un crecimiento inclusivo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece, en su informe “El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe” (OIT, 2020), que, para 2030, los procesos de descarbonización de la economía pueden generar 15 millones de empleos en América Latina y el Caribe, en comparación con un escenario Business As Usual.

En Argentina, particularmente, dadas las características geográficas y la estructura productiva, la transición hacia una economía verde e inclusiva es un paso crucial para reducir la vulnerabilidad. Según las últimas estimaciones disponibles, de “Estimación del empleo verde en Argentina” (OIT, 2019), existían, en Argentina, en 2015, entre 486.000 y 650.000 empleos verdes (dependiendo de si se incluye o no el transporte público de pasajeros), los cuales representan entre el 4 y el 7% de los trabajadores asalariados. En cuanto a la distribución de género, sólo el 13% es desempeñado por mujeres.

Para el año 2030, en un escenario de descarbonización, se espera que estos valores aumenten en un 6,3% para el caso de los empleos ocupados por hombres, y 4,3%, para aquellos realizados por mujeres, en comparación con un escenario BAU (OIT, 2020). Más del 80% de los nuevos empleos creados por los programas de descarbonización se darán en sectores actualmente dominados por hombres. Las mujeres no se beneficiarán de la creación de empleo a menos que se aborde la actual segregación de género por ocupación (OIT, 2020).

El contexto es complejo y los desafíos son grandes, pero no se debe dejar de lado que los mismos empleos verdes locales, se vinculan directamente con las estrategias y políticas que los gobiernos locales deben tomar para hacer frente a la realidad que vivimos.

Fuente: ramcc.net