El director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, que fue elegido por Argentina como uno de los siete representantes de asociaciones civiles de América Latina y el Caribe para integrar el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, remarcó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en cuestiones ambientales y advirtió que "hay una gran presión sobre los territorios por la explotación de los recursos naturales".

La elección se realizó durante la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2) realizada la semana pasada en Buenos Aires, en donde los representantes de diferentes países avanzaron en la implementación de este tratado que impulsa la información pública, la participación ciudadana y la justicia climática en cuestiones ambientales.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado a nivel ambiental de América Latina y el Caribe y también del mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y Argentina lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27566.

"Los temas ambientales hacen a la calidad de vida de la gente", resaltó Nápoli en una entrevista concedida a la agencia Télam.

-Periodista: Fue elegido junto a representantes de Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Jamaica y Panamá para integrar el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo, ¿qué significa para usted?

-Andrés Nápoli:- Es un honor, yo venía participando desde la conformación del acuerdo, que es el primero en materia ambiental de la región, y con mi candidatura se buscó darle continuidad a este proceso. Es un compromiso muy grande porque tenemos que sentar las bases fundacionales para este acuerdo, que ya es una realidad y que tiene que empezar a dar respuestas.

-P:- ¿Qué responsabilidades tendrá este Comité?

-AN: Como todo comité de tratados internacionales tiene como función asistir a los países a cumplir el acuerdo. No tenemos todavía una agenda, pero lo primero va a ser revisar los planes de implementación de los países para hacer recomendaciones y establecer una hoja de ruta. Además, el comité tiene diálogo con el público, podemos ir a los territorios. Escazú tiene la particularidad de que la gente puede llevarle denuncias al comité, nosotros las tomamos, las estudiamos y damos recomendaciones a los Estados para evitar conflictos.

-P: Hasta el momento 15 países de la región ratificaron al Acuerdo de Escazú, ¿qué falta para que se sumen los que faltan? ¿Cómo va el trabajo con los que ya están dentro?

-AN: Tenemos 33 países en la región y faltan varios ingresar. Colombia está por ingresar, necesitamos que se sumen Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú pero depende de las condiciones políticas de cada país. Necesitamos que empiecen ya mismo los planes de implementación, hasta ahora 5 o 6 países lo presentaron y esos planes tiene que ser homogéneos, los países deben ir en consonancia y cumplir con ciertas pautas. Hay estados que están muy mal en participación, otros no tienen nada de información pública o están fallando en la Justicia. Cada uno tendrá que empezar por donde más flaquea.

-P: ¿Cuál es la situación de Argentina?

AN:- Tenemos una brecha grande en la cuestión de la participación. No hay una ley nacional que permita regular la participación ciudadana en la toma de decisiones, no tenemos ley de evaluación de impacto ambiental a nivel federal. Se están tramitando casos importantes como la autorización de las offshore en Mar del Plata y deberían pasar por este proceso.

-P: En Argentina se está hablando mucho de la explotación del litio, ¿qué rol jugará el Acuerdo en esta industria?

-AN: Todas las autorizaciones nuevas van a tener que cumplir con el Acuerdo de Escazú. En los lugares donde haya pueblos indígenas van a tener que cumplir con los tratados internacionales de derechos indígenas. Son temas que tenemos que solucionarlos antes de que se tomen las decisiones porque después vamos a un conflicto abierto que no se soluciona más. Escazú busca bajar todo lo que se pueda los conflictos.

-P: En esta COP2 que se realizó en Buenos Aires, los integrantes de la Plataforma de Defensores de la Tierra y El Territorio denunciaron más de 600 ataques a activistas medioambientales entre 2020 a 2022 en América Latina, ¿qué medidas se tomarán para protegerlos?

-AN: Este el primer acuerdo del mundo que trata el tema de los defensores, estamos construyendo con participación de los activistas ese plan de acción, que se va a aprobar en la próxima conferencia el año que viene. Vamos a generar medidas de protección para que apliquen los países ya que hay mucho trabajo para hacer en este tema.

-P:¿Por qué América latina es la región más peligrosa del mundo para defender la tierra?

-AN: Hay una gran presión sobre los territorios por la explotación de los recursos naturales, en muchos casos hay pueblos originarios y no se respeta ningún derecho. Son empresas multinacionales que en sus países tienen estándares y cuando vienen acá no cumplen con ninguno y utilizan las peores prácticas. Tenemos grandes problemas en ese sentido.

-P: Por último, ¿cómo ve que se toman los temas ambientales en la política del país?

-AN: En Argentina, el tema ambiental no está en la agenda, ni en los primeros lugares. Es cierto que hay otros temas más urgentes o graves pero los temas ambientales hacen a la calidad de vida de la gente. En la medida que no entendamos eso y sigamos pensando que los temas ambientales son un complemento de los demás, vamos a estar rezagados. Hay que trabajar para que los temas ambientales entren en las políticas públicas y no que sea sólo por los conflictos. (Télam)