En el desarrollo de la decimoséptima sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, este miércoles se aprobó en general, la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.621, con el objeto de establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública.

La iniciativa tuvo como impulsora a la legisladora Sara García, y postula al Ministerio de Educación de la Provincia, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, como las autoridades de aplicación de la norma en el ámbito provincial.

“Como docente y legisladora, me alegra colaborar a sumar contenidos centrales a la currícula de nuestros estudiantes, lo cual implica ampliar los horizontes del derecho a la educación en nuestra provincia”, expresó la legisladora García, presidenta de la Comisión de Educación, y agregó: “Debe ser un proceso regular y continuo, comenzando a temprana edad para poder formar ciudadanos ambientales responsables”.

La ley sancionada por la Unicameral establece la creación del Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral, del que participarán miembros de los equipos técnicos de las autoridades de aplicación con las funciones de promover las estrategias y el desarrollo de la educación ambiental. También debe elaborar y diseñar políticas y acciones en la materia.

Por su parte, la legisladora Nadia Fernández consideró que “esta adhesión fortalece la arquitectura legislativa en materia ambiental, estamos hablando de una ley ambiental integral. Como provincia nos hemos comprometido en descarbonizar nuestro modelo productivo, para eso necesitamos planes de gobierno y, en más de una oportunidad hemos respondido en base a ese criterio”, dijo.

La presidenta de la Comisión de Ambiente consideró que “cuando se trata de la reducción de emisiones y de la transición energética, necesitamos avanzar y ponernos de acuerdo en una agenda común, esto es una muestra, más allá de los matices y opiniones vamos en ese camino”, cerró Fernández.